Por: Alejandro Gómez Sotelo.
Este miércoles se cumplieron 10 días naturales de que agremiados a la sección II del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg), se declararon en paro de actividades y cerraron por tiempo indefinido los juzgados civil, penal y de paz del distrito judicial de Alarcón con sede en Taxco, en demanda de un incremento salarial por el orden del 14 por ciento como les fue concedido a los empleados del sector central del gobierno estatal.
Desde el lunes 22 de Enero, los basificados de Taxco, Tetipac y Pilcaya colocaron cintas amarillas y cerraron los accesos al edificio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), impidiendo con ello la entrada de jueces, secretarios de acuerdos y personal de limpieza, como medida de rechazo al cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en sus prestaciones, cuando a los basificados del sector central gubernamental les fue subsidiada la contribución sin objeción.
Los manifestantes quienes se mantienen apostados a las afueras de los juzgados de primera instancia ubicados sobre la avenida de los plateros, han acusado actos de discriminación por negarles el subsidio del ISR en sus prestaciones y la negativa de un aumento salarial del 14 por ciento, por lo que reiteraron su llamado a la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado Pineda, para intervenir y encontrar una salida positiva e igualitaria al conflicto.
Recordaron que en el mes de Octubre del 2023 también cerraron los juzgados del distrito judicial de Alarcón por casi dos semanas, para demandar el incremento salarial igualitario al de los empleados del gobierno estatal por el orden del 14 por ciento, sin embargo, las autoridades únicamente les concedieron un aumento del 10 por ciento en sus percepciones quincenales y fueron entregadas las instalaciones.
Insistieron en que el magistrado presidente del TSJ, Raymundo Casarrubias Vázquez, se comprometió a otorgar el citado aumento salarial a los suspegistas que laboran en los juzgados de Taxco, pero a tres meses de distancia no ha cumplido su palabra empeñada y en su momento acusó que la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno estatal no le liberaba el presupuesto y por lo tanto la demanda no podía solucionarse.
Denunciaron el cobro del ISR en sus salarios que tuvieron solamente un 10 por ciento de aumento, en aguinaldo, prima vacacional y en los bonos a la constancia y decembrino, exigiendo la devolución de esa contribución.